El foro es un espacio de permanente intercambio y producción de ideas. En esta ocasión la historiadora venezolana Mireya Dávila Brito recuperando la experiencia en tres países de Nuestra America (Uruguay, Ecuador y Venezuela) nos comparte una posible perspectiva histórica para pensar el proceso de construcción y conquista de derechos civiles y políticos de las mujeres en América Latina.

Mujeres sufragistas y el feminismo maternal en la primera mitad del siglo XX

Por: Mireya Dávila Brito

¿Cómo llegamos a convertirnos en sujetas de derecho? ¿Qué garantizamos con el ejercicio responsable de nuestros derechos políticos? ¿Alcanza solamente con ocupar puestos en el Estado para asegurar derechos civiles por igual, entre mujeres y varones, y entre mujeres de distintas etnias y clases sociales? A partir de estas interrogantes queremos examinar las experiencias históricas de ciertas mujeres que, juntas y organizadas, diseñaron algunas estrategias políticas para alcanzar derechos civiles. Estas experiencias también nos ayudan a pensar en los actuales desafíos por la ampliación de derechos.

La segunda ola feminista

En América Latina, desde los inicios del siglo XX, el movimiento sufragista contó con el activismo de mujeres de clase media y de trabajadoras que tendieron puentes con agentes del Estado para incorporar el voto femenino y el derecho a la ciudadanía en las agendas públicas nacionales. Armaron estrategias políticas de varios tipos -en la calle, en los parlamentos, en las fábricas, en la prensa y en espacios de sociabilidad- para convencer, a varones y a mujeres, sobre la importancia de obtener ciudadanía, acompañada de educación y formación para el trabajo. En este sentido, bregaron para convertirse en sujetas protagonistas de su propia historia.

En la historia clásica del feminismo, el movimiento de mujeres sufragistas se ha ubicado en la “segunda ola”, en el período que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1950. Durante varias décadas, las mujeres lucharon por el voto universal sin restricciones con mayor presencia en las calles. En América Latina, el flujo de ideas y programas políticos con Europa fue crucial para las agendas nacionales de esta parte del mundo. Las mujeres socialistas, organizadas en la I Internacional, desde los primeros años de 1900, expandieron en Occidente las luchas por el voto femenino. La región latinoamericana no se quedó atrás en el diseño de sus propios proyectos políticos y entablaron relaciones con Europa y Estados Unidos para la obtención de este derecho fundamental. En esta oportunidad, veremos cómo ciertas mujeres usaron el maternalismo en las estrategias sufragistas de Uruguay, Ecuador y Venezuela para lograr consenso social en torno al derecho ciudadano de votar.

La política “femenina” en Uruguay

La experiencia de Uruguay es conocida por ser el primer país de Latinoamérica que permitió el sufragio femenino. En 1927, en el pueblo Cerro Chato, las mujeres votaron en condiciones de igualdad con los hombres, para decidir a qué departamento debía pertenecer la localidad. Aunque no hay registro de reivindicaciones netamente femeninas en el acto de sufragar de estas mujeres, sabemos que el llamado de las autoridades de Cerro Chato fue atendido por ellas y que ejercieron el poder de decisión en relación a los asuntos públicos de esta comunidad. Por cuanto, la experiencia uruguaya se destaca entre las sucesivas que tendrán lugar en la región. En 1932 se contempla en la ley el voto para las mujeres. En 1938, tras el golpe de Estado a Gabriel Terra, las mujeres ejercieron el voto y, hacia 1942, fueron electas las diputadas Julia Arévalo, del Partido Comunista y Magdalena Antonelli Moreno, del Partido Colorado. Junto con ellas, las senadoras Sofía Álvarez Vignoli e Isabel Pinto, ambas también de este partido. Pero, ¿qué significaba para ellas el voto femenino? Ellas entendían que el sufragio era un medio para proteger el entorno doméstico. Intervenir en la política para implementar acciones que resolvieran los problemas asociados a la maternidad, la niñez, la educación y la delincuencia juvenil. Las mujeres se apropiaron de las atribuciones femeninas, valores construidos social e históricamente, para defender su proyecto frente a los varones. Al denunciar la jerarquía masculina en los temas políticos y del Estado, recurrieron a la idea de superioridad moral que ellas habían demostrado cuando cuidaban del hogar y formaban mujeres y hombres de gran valía.

La politización de las mujeres uruguayas había comenzado a fines del siglo XIX con el asociacionismo, el sindicalismo y las obras filantrópicas. Católicas, liberales, socialistas y anarquistas, cada cual a su modo, hacían presencia pública en la prensa, en la beneficencia, en mítines y en huelgas. Las socialistas buscaban protección laboral a las obreras en las legislaciones, mientras que, las anarquistas, encontraban posibilidades de emancipación femenina en la educación y la agremiación. Entre 1916 y 1919 armaron el Consejo Nacional de Mujeres y la Alianza Uruguaya para el Sufragio, liderados por Paulina Luisi, con vínculos internacionales, entre ellos, con organizaciones argentinas.

Además, las uruguayas aprovecharon los vacíos legales del proceso constituyente para ampliar la ciudadanía a las mujeres. Defendieron las aptitudes intelectuales de las mujeres que sí sabían leer y escribir, en comparación con los varones analfabetos que habían sido incorporados al sufragio en 1916 por la Asamblea Nacional Constituyente, y usaron a su favor la definición de ciudadano igual a “persona”, sin especificación de sexo, que contempló la nueva Constitución de 1917. En suma, las uruguayas entendían que la ciudadanía estaba diferenciada por sexo. Las mujeres tenían una “forma” de hacer política que iba en contra de la violencia, la guerra y los desvíos de comportamientos sociales muy ligados a la masculinidad. La política “femenina” vendría a redimir la corrupción y los vicios, por tanto, era imprescindible que las mujeres ocuparan puestos en el Estado.

La porosa frontera entre lo público y lo privado en Ecuador

En Ecuador, la memoria colectiva sobre el sufragio femenino atribuye el triunfo de las mujeres a Matilde Hidalgo en 1924. Si bien es cierto que la médica se empadronó e insistió en que tenía el mismo derecho que los varones en el registro electoral, fue en 1933 que las ecuatorianas accedieron al voto y fueron elegidas Matilde y Bertha Valverde como concejalas. Sin embargo, ¿cómo fue la lucha de las mujeres ecuatorianas por el derecho a sufragar?

En el proceso ecuatoriano se reconocen al menos tres grupos de mujeres que disputaron su lugar en la política, según sus identidades sociales y las redes que habían tejido con otras mujeres. Las católicas que habían desarrollado acciones caritativas y de beneficencia hacia las mujeres pobres y compartían la oposición al sufragio con los conservadores, invocaban una pérdida de la feminidad si las mujeres intervenían en la política. Por su parte, las maestras estaban integradas por socialistas, liberales y cristianas liberales. Las maestras socialistas bregaban por mayor educación a las mujeres trabajadoras para garantizar la formación de buenos ciudadanos, reafirmando el rol materno hacia la política del Estado. Entendían que, desde el hogar, las mujeres tenían la misión de criar hombres y mujeres con virtudes ciudadanas, en esto coincidían con las católicas. Exigían participación de las mujeres en la vida social y política del país. Por su parte, las mujeres de la clase trabajadora articularon entre ellas para reclamar derechos laborales y mejores condiciones de vida.

La lucha por el sufragio puso en discusión la diferencia sexual en la política, basada en la medición de valores morales. Se creía que las mujeres podían moralizar la política y transformar las relaciones sociales, rompiendo con la frontera entre lo público y lo privado, el sufragio significaba una extensión de la gestión del hogar a la gestión pública.

El sufragio como herramienta política en Venezuela

En el caso de Venezuela, no fue muy distinto. Instaurado en 1944 con las elecciones municipales y aprobado en la asamblea constituyente de 1947, la población femenina participó por primera vez en 1948 en las elecciones generales que llevaron a Rómulo Gallegos a la presidencia de la nación. Las mujeres tenían presencia en las calles como oposición al régimen de Juan Vicente Gómez en la década de 1920 y durante las huelgas de trabajadores petroleros en 1936 y 1942. En una alianza interclasista entre mujeres de la clase media y mujeres obreras, el movimiento sufragista cobró más fuerza en la agitación pública, propaganda y relaciones con los partidos políticos Acción Democrática, Partido Comunista y Unión Republicana Democrática. En 1935 fundan la Agrupación Cultural Femenina, encargada de la alfabetización de mujeres obreras y, al año siguiente, la Asociación Venezolana de Mujeres. Ambas organizaciones acompañaban la educación de mujeres pobres y trabajadoras y debatían la importancia del sufragio. En la década del 40, se agruparon en el Comité Pro Sufragio Femenino y Acción Cívica Femenina y divulgaron entre las mujeres, la importancia de votar, de elegir y de ser elegidas en los cargos públicos. Entendían que el sufragio era el primer paso para garantizar que el Estado legislara a favor de sus intereses. Más aún, el reclamo también incluía protección laboral, integridad de la familia, atención a la maternidad y a la infancia abandonada. En el Correo Cívico, publicado periódicamente, difundían la importancia del voto femenino para “moralizar la administración”, “derrotar el alcoholismo”, “disminuir la criminalidad”, “impulsar la educación popular”, junto con recetas de cocina y recomendaciones para el cuidado de las/os niñas/os. Con la diversidad de temas en una misma revista, estas organizaciones buscaban llegar a los hogares de las mujeres y captar su atención hacia el deber de votar.

Revisar la historia para pensar el presente

Al revisar estos casos en Suramérica hicimos énfasis en el carácter colectivo del sufragio femenino, en otras palabras, las alianzas y disputas entabladas con el Estado y sus agentes varones fueron decisivas para lograr el derecho al voto. Además, estas mujeres invocaron las atribuciones femeninas, construidas a lo largo de su historia, como la moral y el rol maternal para extenderlo a la política. Aunque estas “virtudes” no son esencialmente femeninas, fueron usadas para alegar que su presencia en la esfera pública era necesaria. A la vez, pusieron en tela de juicio la idea de masculinidad -racionalidad y habilidad para la política- y el manejo del Estado únicamente por los hombres. A la luz de hoy, nos preguntamos, de qué manera sirven nuestras experiencias históricas en la organización por más derechos civiles y cómo salimos de los roles femeninos que nos ha asignado el patriarcado y nos ha dejado como únicas responsables de la sociedad que juntas/os/es construimos.